En la semana de las personas migrantes y de la solidaridad, vuelve a ser obligado hablar de la violación sistemática de los derechos de las personas migrantes. Desde 2016, se ha multiplicado por tres el número de personas que mueren en nuestras costas. Los expertos llevan años advirtiendo de un posible cambio de ruta, pero las autoridades españolas no han adaptado su sistema de recepción y acogida, como había solicitado La Agencia de la ONU para las migraciones.  Según datos de Reliefweb, 2.217 personas murieron en el Mediterráneo –la ruta más mortífera de todo el planeta a las puertas de la región más rica del mundo.

2018 ha sido un año de importantes retrocesos en lo que se refiere a la garantía de los derechos de las personas migrantes. Un año marcado por la cronología de la vergüenza. El cierre de puertos italianos, la represión en Estados Unidos de la caravana migrante, el giro del gobierno español en materia de migración o la desprotección de niños y niñas que viajan solos marcan un año de ataque directo a los derechos humanos.

Las narraciones en primera persona sobre lo que supone iniciar este tipo de huidas desmontan los argumentos políticos que intentan justificar lo injustificable. Esta semana, estuvo en Madrid Emily Sini, mujer nigeriana rescatada por el Aquarius quien describe la situación que enfrentan las personas que llegan a Libia, un país muy inseguro en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, a pesar de las declaraciones políticas que defienden lo contrario.  

La solidaridad humana permitió que sobreviviéramos como humanidad desde hace millones de años, así nos lo recordó en nuestro blog Rodrigo Alonso, del Museo de la Evolución de Burgos. Sin embargo, la solidaridad humana con quienes migran continúa siendo perseguida. Esta semana, una activista española era condenada en Grecia por intentar sacar del país a un menor refugiado.  Mientras tanto, los discursos falsos sobre la migración se multiplican; ante ello es necesario desmontar las mentiras que proliferan en torno a la población migrante.

El gobierno anunció esta semana que reinventará su política hacia el continente africano para frenar las migraciones. Un plan que viene de la mano del sector privado y sin presupuestos. Al mismo tiempo, el Secretario de Estado de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia, aseguró que el gobierno descarta aumentos espectaculares en cooperación y descartó llegar a un 0,4% de la RNB para 2020.

Cumbre del clima, mucho ruido y pocas nueces

Y en este “las palabras se las lleva el viento”, el compromiso con el cambio climático cerró un nuevo capítulo. La Cumbre del Clima selló una serie de compromisos mínimos (no vinculantes) en un intento de salvar el Acuerdo de París. Las obligaciones acabaron siendo sugerencias y la sociedad civil continuó recordando la gravedad de ese error político y exige un consenso global contra el cambio climático. En Francia, cuatro ONG han acusado a Macron de no cumplir sus compromisos ecológicos.

La urgencia es tal que las cifras hablan por sí mismas: el hambre mundial ha aumentado por tercer año consecutivo como consecuencia del cambio climático.

En medio de un contexto tan pesimista, aparece algún rayo de esperanza. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la declaración sobre los derechos de la población campesina. 121 países dijeron sí a la soberanía alimentaria y a los derechos humanos. España se abstuvo de apoyar ese documento que fomenta la seguridad alimentaria y reconoce la contribución de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas a la biodiversidad

Nicaragua, una deriva autoritaria sin límites

La situación en Nicaragua empeora a pasos agigantados. El grupo de trabajo sobre Nicaragua de la Coordinadora publicó un artículo en el que daba la voz de alerta sobre la persecución a la que están siendo sometidas las organizaciones feministas. Desde el extranjero, mujeres feministas se han organizado para denunciar los abusos del gobierno de Ortega, sus testimonios son clave para entender las dimensiones de lo que está ocurriendo en el país. El acoso a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación continúa creciendo.

Ortega ordenó la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido denunciando graves violaciones de derechos humanos. Michel Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, urgió al gobierno de Ortega a acabar con el hostigamiento y la persecución a entidades de la sociedad civil y a los medios de comunicación.